Dice el Departamento de los Estados Unidos de Norteamérica (esa nación que se ha erigido como la protectora del mundo, de la legalidad y la justicia en todo el planeta) que el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julíon Álvarez, deben ser sancionados por sus vínculos con un PRESUNTO narcotraficante de nombre Raúl Flores Hernández, de quien la PGR en nuestro país no da información de si está detenido o en calidad de prófugo.

Se les involucra con esta persona, pues según las investigaciones del Departamento del Tesoro y toda la maquinaria estadounidense, tanto el jugador como el cantante tienen alguna relación con empresas de Flores Hernández y que incluso, han servido de testaferros del mismo o como le conocemos en México comúnmente,”prestanombres”

En nuestro país, nuestras autoridades siempre han dicho que el respeto a la soberanía de los demás es la base de las relaciones de México con el mundo, de ahí sale la Doctrina Estrada, esa que para muchos nuestro Secretario de Relaciones Exteriores destrozó con la reacción hacia lo ocurrido en las elecciones recientes en Venezuela para una asamblea constitucionalista, pero tomamos muy en serio lo que otros países digan de nosotros, como nación o como individuos.

Ahora, el gobierno de los Estados Unidos hace públicos los nombres de estas personas y los sanciona congelando sus cuentas en territorio estadounidense, confiscando sus casas, bienes, negándoles el acceso al país del norte, haciéndoles perder el derecho sobre regalías que les pudiera corresponder en diferentes plataformas multimedias, en fin, son personas non gratas y por lo tanto, no pueden hacer negocios allá, ni con empresas de allá aunque esas se encuentren en territorio mexicano como Citibanamex, por ejemplo.

Pero, aquí en nuestro país, ¿de que se les puede acusar?

Ellos pudieron haber firmado todos los contratos posibles, habidos y por haber con la persona que ellos determinaran, porque la ley en México no nos obliga, en ninguna manera, a investigar la calidad moral y el modus vivendi de aquellos con los que se integre una sociedad, sea civil o mercantil. Mientras todas las partes conserven su capacidad de goce y ejercicio, pueden realizar cualquier acto jurídico, siendo susceptibles de adquirir obligaciones y hacer valer sus derechos.

Hasta ahora, al presunto narcotraficante nadie lo ha condenado por nada, es más, si lo hicieran, los efectos no serían retroactivos en perjuicio de quienes se asociaron con él, porque insisto, un contrato de buena fe, como una sociedad, no obliga a nadie a saber con quién se está creando una empresa o una fundación cuyo objetivo es ayudar a otros.

¿Lavado de dinero? Recordemos que la PGR no pudo armar un buen caso en contra de un ex gobernador por ese y otros delitos. ¿Donde están las bases para este caso?  Además de todo, ¿cómo queda la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del país si tuvo que ser una institución extranjera la que exhiba que las empresas en las que Márquez y Álvarez están involucrados, ahora resulta, que sirven para lavado de dinero y otras acciones delictivas?

No, no hay una base para acusar a estos dos personajes en nuestro país, no hay un delito que hayan cometido, no hay una acción que hayan realizado que valga como para manchar su nombre, no hay por qué lincharlos, no legalmente, no al menos en México.

Y que se acuerden nuestros gobernantes y los partidos políticos que incluso ellos han colocado en puestos de gobierno a gente que después resulta eran unos delincuentes miembros de organizaciones delictivas, lo cual confirma, y tal como ellos han dicho, que en este país no estamos obligados a investigar a nuestros socios antes de firmar con ellos…