-Margaret Thatcher

El proyecto económico de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha generado controversia a raíz de los presuntos orígenes ideológicos  populistas o socialistas, incluso se ha comparado con las políticas chavistas en Venezuela.

Así mismo, muchos medios han comparado al candidato como un dictador en potencia, sin embargo, ¿qué tanto de esto es cierto?, ¿su proyecto económico es a todas luces un sinónimo de chavismo?, ¿es la solución a los fracasos económicos de los últimos 40 años?, ¿es factible un Estado moral ante una falta de cohesión social?…

El inicio de la decadencia económica mexicana

Entre la década de los 70 y 80 del siglo XX, la economía mundial sufrió un fuerte retroceso al percibir altos índices de inflación así como el recrudecimiento de la pobreza; el Estado de Bienestar y las políticas públicas proteccionistas que habían sido implementadas desde la década de los 30 y que estimularon en gran medida el desarrollo de las economías en vías de desarrollo o que sufrieron los efectos directos de la Guerra Mundial era ya obsoleto pues, dicho modelo económico, representaba una gran carga para las finanzas públicas, promoviendo el endeudamiento del Estado y comprometiendo recursos a largo plazo que pronto superaron la capacidad de pago.

En México, el gobierno optó por ignorar el mercado internacional de petróleo y promovió un precio por barril propio, lo que ocasionó que se dejaran de percibir ingresos en dólares estadounidenses por este concepto. Para 1981, el país se hundía y el entonces presidente José López Portillo acusó a los especuladores de jugar con la moneda mexicana; el problema se recrudeció al año siguiente pues anunció la nacionalización de la banca y la implementación del control de cambios, esto con la finalidad de detener la devaluación del peso y como una solución a corto plazo para reactivar la economía nacional.

Lo anterior le cerró al país las puertas al crédito internacional y mientras el país se asfixiaba, el nuevo presidente electo, Miguel de la Madrid, optó por acceder a las demandas del Fondo Monetario Internacional (FMI) a fin de estabilizar la economía nacional , por lo que entre 1982 y 1988, el FMI y el Banco Mundial, condicionaron a México para implementar políticas de austeridad, poniendo en práctica el recién modelo neoliberal que promovía una mínima intervención del Estado y la liberalización de la economía, lo que se tradujo en la venta de empresas del Estado, un fuerte ajuste fiscal y la apertura de mercados antiguamente exclusivos para el Estado.

La historia no cambió mucho entre 1988 y 1994, pues durante estos años la economía mexicana se convirtió paulatinamente en un Estado neoliberal, siendo la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) la cereza del pastel. Durante el último sexenio priísta y el inicio del gobierno panista (1994 – 2012), la competitividad agrícola se vino abajo pues el país solo podía ofrecer algunos productos como hortalizas y ganado bovino a los Estados Unidos y Canadá, esto debido a que la incipiente industria nacional carecía de las herramientas y apoyos necesarios a fin de competir con las grandes trasnacionales que poseían bastante experiencia en países en vías de desarrollo. De esta manera, el proyecto nacional de independencia económica y autosuficiencia alimentaria promovido en la década de los 30 y 40 del siglo XX fracasó, agravando el descontento social y privando a los más pobres de una manera honrada de ganarse la vida.

Aunado a lo anterior, la migración y la pobreza se volvieron un eje importante en la política social del Estado pues entre 1988 y el 2012 aumentó radicalmente, lo que se tradujo en el alza del crimen organizado, el narcotráfico, la tasa de homicidios e incluso inestabilidad política; pronto estos fenómenos superarían la capacidad del Estado para asegurar los derechos fundamentales del ciudadano común al mostrarse incapaz para detener las escaladas de violencia en estados como Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, viéndose en la necesidad de militarizar zonas y de delegar tareas meramente simbólicas a las autoridades locales.

La guerra contra el narcotráfico, el descontento social (en particular el de los grandes empresarios), los escándalos de corrupción y la ineptitud política ante problemáticas migratorias y de seguridad nacional, mostraron aún más la incapacidad del gobierno para garantizar el Estado de Derecho, lo cual fue el trampolín para saltar nuevamente a la escena política de un viejo candidato de izquierda cuya carrera política empezó en las viejas filas del partido oficial, con una fuerte convicción y una astucia política no vista desde hace décadas.

¿Quién es AMLO?

AMLO inició su carrera política en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la década de los 70, del cual rechazó los métodos tradicionalistas de elección presidencial y partidista lo que lo orilló a ser partidario de la Corriente Democrática. Para 1989, se consolidó el Partido de la Revolución Democrática (PRD), del cual se convierte presidente en su estado natal, Tabasco. A pesar de postularse como gobernador de dicho estado, no tuvo éxito e incluso denunció irregularidades durante la elección. En 1996 ocupó el cargo de presidente nacional del PRD y en el 2000 compitió para la jefatura de gobierno del Distrito Federal del cual resultó electo para el periodo 2000 – 2005. Tras el término de su mandato como jefe de gobierno, se postuló en dos ocasiones para la Presidencia de la República (periodos 2006 – 2012 y 2012 – 2018), perdiendo por escasos puntos ante los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, respectivamente.

Sin dejar de lado la calumnia y la gran oposición de las élites económicas y políticas, AMLO se postuló nuevamente a la presidencia de la República para el periodo 2018 – 2024, esta vez a través de un nuevo proyecto de nación liderado por el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), en alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES).

Breves consideraciones sobre la izquierda

Si bien AMLO representa la izquierda del siglo XXI, es importante mencionar que durante el siglo XX la izquierda no tuvo una presencia importante (salvo durante el gobierno de Cárdenas y el modelo de educación socialista) hasta 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD y primogénito del ex presidente Lázaro Cárdenas del Río. En este sentido, Cárdenas permitió que la izquierda tuviera un impacto importante en la sociedad mexicana e incluso invitó a participar en una nueva forma de hacer política a través de la resistencia civil pacífica y el diálogo (no se contempla como fuerza política representativa al Partido Comunista, esto por no tener una presencia importante en el Legislativo, a pesar de haber logrado algunas curules durante la reforma política de Reyes Heroles en el sexenio de López Portillo).

Fuera del ámbito nacional, el movimiento izquierdista tuvo un renacimiento y particular auge en el último cuarto del siglo XX en países como Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador, cuyos gobiernos se caracterizaron por promover ideales populistas y el mantenimiento del Estado de Bienestar, promoviendo programas económicos proteccionistas, financiados principalmente mediante la recaudación fiscal y la implementación de subsidios a la industria nacional.

Cabe recalcar que esta izquierda surge como alternativa del círculo vicioso de corrupción y servilismo hacia las potencias occidentales, esto debido a que entre la década de los 80 y los 90 se trataron de implementar las prácticas de la escuela económica de Chicago, a fin de probar el modelo neoliberal, cuya idea principal era la disminución de cuotas sociales para así reducir el endeudamiento y maximizar la estabilidad de las finanzas públicas, lo que en teoría se traduciría en crecimiento y desarrollo económico. Lamentablemente, el modelo neoliberal no considera la naturaleza humana lo que sumado al código cultural de los países latinoamericanos, terminó por estimular el nepotismo e incrementó los índices de corrupción, endeudando aún más al Estado e impidiendo que los recursos destinados al desarrollo social y económico se filtraran hacia las altas cúpulas del gobierno.

Este escenario, nos da pautas para repensar la revolución bolivariana en Venezuela, el gobierno de Evo Morales en Bolivia e incluso la Argentina de los Kirchner, puesto que a pesar de que sus ideales fueron nobles y radicales, la aplicación de la política económica así como pública, no consideraron el código cultural ni las circunstancias del momento, lo que derivó en altas tasas de inflación, negación de créditos internacionales y hasta el incremento de la deuda pública.

Es menester enunciar que de todos los países de izquierda que a nivel regional han jugado un papel importante en la conformación de bloques económicos y políticos contrarios a las directrices de la política exterior estadounidense,  hay un caso particular que sobresale de todos los demás y es el caso de Venezuela empero, ¿es Venezuela tan malo como lo pintan los gobiernos “imperialistas”?, ¿el sueño de Chávez iba más allá de la conformación de un gobierno centralizado?, ¿es el chavismo por antonomasia la izquierda latinoamericana?

La Venezuela de Chávez

Para este punto, valdría la pena enunciar que la izquierda latinoamericana la podemos clasificar en tres etapas, a saber:

Dado lo anterior y de manera general, se puede establecer que las tres etapas se caracterizan por la implementación de políticas públicas que otorgaban a la sociedad el acceso a la educación gratuita, el reparto agrario, el aumento al salario mínimo, un sistema judicial imparcial y eficiente, la eliminación del nepotismo y la protección del obrero con fuertes instituciones de seguridad social, etc., siempre buscando el bienestar del pueblo a través de la paulatina implementación de un Estado de Bienestar dirigido al desarrollo económico y social desde la base política (Etapa III), dicho de otra forma, permitió la creación de poderes centralizados con el fin de manipular sin resistencia el eje de acción del Estado, previniendo el movimiento de enemigos políticos potenciales que pudieran poner en riesgo el proyecto de nación (muy frecuente en las etapas I y II).

Particularmente, el caso venezolano tiene su origen en la crisis económica de los 80 y los graves escándalos de corrupción del gobierno de Carlos Andrés Pérez, durante el cual se dieron fuertes manifestaciones (el Caracazo) que culminarían con la represión del Estado como forma de detener y contener los disturbios. Este suceso permitiría que en 1992 se dieran las primeras alcaldías de izquierda y, por ende, el renacimiento de la ideología bolivariana como eje de la política social y estatal, cuyas pláticas se abordaban a través de los “círculos bolivarianos”.

Chávez se identificó rápidamente con los ideales de Bolívar, así como con la situación política y social que prevalecía en el país (particularmente por lo sucedido durante el Caracazo). Lo que lo orilló a encabezar un golpe de Estado en contra del presidente Carlos Andrés Pérez en 1992, fracasando en el intento, siendo encarcelado durante dos años. Ya una vez fuera de prisión, se postuló a las elecciones presidenciales en 1998 con una gran victoria, ocupando el cargo hasta el 2013.

Desde que Chávez ocupó el poder y hasta su muerte, el régimen se puede analizar en tres breves y resumidas etapas:

En estricto sentido, la Segunda Etapa implica que la revolución bolivariana de Chávez no recae sobre la implementación de una política económica socialista, sino sobre una política social que permitía al obrero y al empresario trabajar en conjunto, dicho de otra manera, la revolución bolivariana era una revolución social y no socialista, lo cual se podría malinterpretar por la serie de nacionalizaciones que implementó el gobierno de Chávez a principios del siglo XXI producto de los altos ingresos petroleros, sin embargo, esta política obedecía a principios de industrialización nacional (muy similar a las políticas populistas mexicanas de la década de los 70 y los 80, particularmente durante el gobierno de José López Portillo y Luis Echeverría).

Lamentablemente, el sueño social de Chávez comenzó a caer a pedazos a partir del 2008, pues la crisis económica y la carencia de divisas que frenéticamente financiaron el desarrollo de las industrias productivas del Estado impidieron su mantenimiento y producción. Ante este escenario, la propuesta del gabinete de Chávez fue el cerrarse aún más, particularmente hacia los Estados Unidos, lo cual los llevó a la asfixia económica tras la negativa de créditos internacionales (estadounidense y europeo, principalmente), así como la adquisición de tecnologías avanzadas para la exploración y producción petrolera y otros productos de primera necesidad. La última táctica convincente de Venezuela fue el optar por comerciar con países que simpatizaban con el Comandante como por ejemplo Cuba, país del Caribe con quien intercambiaba petróleo por medicinas u otros productos, como medio desesperado de curar una economía enferma de inflación y fuga de capitales.

La situación con Maduro no fue distinta, pues su falta de pericia y astucia política lo llevó a enemistarse con países de derecha e incluso provocó fuertes tensiones con los Estados Unidos (siendo la firma de acuerdos comerciales y militares con Irán y Rusia los principales motivos de dichas tensiones). Así mismo, el avance de la oposición, las crecientes quejas de parte de los exiliados, los altos índices de inflación (de acuerdo con el FMI, para el 2017 fue del 1,133%) y el recrudecimiento del desabasto, colocaron a Venezuela como uno de los países con una economía riesgosa para invertir, provocando profundas enemistades en el nuevo y viejo continente.

Este análisis se aborda con la finalidad de percatarnos que la continencia, templanza y planificación económica son elementos fundamentales para el desarrollo y prosperidad política de un país.  Por añadidura, la buena calificación crediticia y el sentido de respeto entre naciones crean una imagen atractiva del país hacia la comunidad internacional, lo que se traduce en una marca – país con potencial para atraer capitales extranjeros, promoviendo la inversión en sectores estratégicos y generando empleados directos e indirectos.

El proyecto económico de AMLO

Llegado a este punto, hemos analizado brevísimamente el proceso histórico y social de la izquierda en México y América Latina, deteniéndonos un momento en el desarrollo de la revolución bolivariana como un ejemplo del populismo radical (y digo radical porque ha habido movimientos moderados como lo fue el de Mújica en Uruguay o el de Lula en Brasil), con lo que podemos distinguir entre las características de una izquierda “peligrosa” y una “benéfica” desde una perspectiva política, económica y social.

Dicho lo anterior, pasemos al libro denominado como “PEJENOMICS: Hacia una economía para todos”, donde se retratan las propuestas económicas que conforman el proyecto de nación de AMLO, del cual se extraen seis ejes de acción, a saber:

1. Fomentar la diversidad de actores en el sector bancario y propiciar condiciones para competencia.

En este primer punto, el proyecto de AMLO propone una diversificación del sector bancario a través del libre mercado, sin embargo, ¿este punto es una prioridad real para el desarrollo?, es decir, ¿es un sector verdaderamente prioritario?

La teoría económica nos dicta que dentro del sistema financiero los bancos fomentan el ahorro y lo canalizan a otros actores de la economía que requieren de capital para poder echar a andar proyectos o pagar deudas. Ciertamente la fortaleza del sistema financiero puede resultar una idea sumamente atractiva, pues una mayor competencia en el sector bancario podría traer mayor eficiencia con miras a convertir el capital ocioso hacia un capital productivo, sin embargo, este capital no serviría de nada sin una política industrial adecuada.

Durante años, la política industrial en México ha sido relegada para dar paso al desarrollo de otros ejes dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) como lo fue el fortalecimiento del sistema financiero (lo cual se dio a partir de la década de los 80 hasta el presente). Hay que recordar que con la crisis del 94 (el efecto tequila), así como del rescate bancario a través del FOBAPROA, México ha pasado paulatinamente hacia una mayor disciplina fiscal y monetaria que han blindado al país ante las crisis económicas o vaivenes de la economía mundial, permitiendo un mayor control sobre los niveles de inflación y manteniendo el poder adquisitivo de la moneda (comparado con países similares de la región durante la segunda mitad del siglo XX).

En este mismo orden de ideas, imagine usted que por un momento es el Presidente de la República y tiene que elegir entre dos opciones: 1) un proyecto a largo plazo que puede resultar sumamente costoso en tiempo y recursos; o bien, 2) un proyecto a corto plazo que permitiría allegar de recursos a la economía nacional pero que, a su vez, puede ser retirado del país (capitales golondrinos); pues bien, esto pasa con la propuesta en cuestión. La diversificación del sistema bancario no es una prioridad a largo plazo, ¿por qué?, por el simple hecho de que la canalización de los recursos económicos de la sociedad se iría hacia empresas trasnacionales o desarrollos que no fomentan la creación y maximización de sectores estratégicos nacionales, caso contrario de una política industrial basada en el estímulo de dichos sectores estratégicos que no tienen un peso importante dentro del PND como lo es el sector agrícola.

Esta política industrial orientada al sector agrícola, permitiría hacernos competitivos ante grandes países exportadores de hortalizas como Argentina y Estados Unidos, así como recuperar aquella seguridad alimentaria que se fue perdiendo a partir de la década de los 60. El esfuerzo es grande y puede que se requieran poco más de 20 años para que la política industrial surta efectos sobre la economía nacional, empero, es un esfuerzo inexorable en el cual se requiere invertir si no se quiere depender y posteriormente afectar al ingreso de las próximas generaciones.

2. Crear un fondo mixto de inversión pública y privada para detonar proyectos de infraestructura.

La inversión pública y privada en cualquier sector resulta ser de gran atractivo para el desarrollo de la economía de cualquier país, no solo de México, esto debido a que se aumenta la calidad de vida de los ciudadanos y se permite el flujo de capital a través de distintos actores económicos (Casas de Bolsa, bancos, constructoras, acereras, etc.).

Lamentablemente, el Estado de Derecho resulta fundamental para poder crear asociaciones público – privadas a fin de crear proyectos en conjunto. La certidumbre jurídica proporciona al mercado seguridad e incluso estimula el flujo de demás actividades económicas, es por ello que un sistema judicial imparcial y con gran profesionalismo permite mejores relaciones de negocio ya que sin este se pueden generar conflictos que podrían incidir negativamente sobre el desarrollo nacional. El mejor ejemplo de esto son los proyectos que tiene Pemex con privados producto de la Reforma Energética, los cuales han salido muy mal para el país debido a los altos índices de corrupción, la falta de recursos humanos capacitados y la falta de capacidad de negociación, obstaculizando negociaciones “ganar-ganar”.

 3. Aumentar y diversificar las exportaciones.

¿Qué tan bueno es aumentar y diversificar las exportaciones?, ¿por qué una solución a corto plazo cuando se puede optar por una solución a largo plazo? Primero analicemos el sentido de “exportaciones”.

El problema de las exportaciones es que tú puedes vender mucho, pero no implica que ganes necesariamente mucho. La realidad económica nos dicta que muchas de las ganancias que nacen de las exportaciones de los países subdesarrollados (como México), son pequeñas a comparación de las ganancias que adquieren los corporativos extranjeros por la venta de dichos bienes terminados (o servicios), esto debido a que los países maquiladores no son como tal dueños de la invención y no forman parte de la ganancia “real” de la venta de dicho producto, sino que son parte del costo de dicho bien. Para el caso de México, los productos que en su mayoría exporta no son del todo mexicanos (salvo algunas hortalizas, textiles e incluso artesanías), esto debido a que la mayoría de las maquiladoras trabajan gracias a la inversión extranjera (como por ejemplo, el sector automotriz) en vez de la inversión nacional.

Por otro lado, para volver competitivo al país en términos de exportaciones, se tiene que promocionar una economía “devaluada”, es decir, una moneda que valga menos a fin de que otros países les resulte más barato comprarle a México que a Brasil o a Argentina (se comparan estos países por tener capacidades y calidades similares en el sector manufacturero). Para que esto suceda, México tendría que devaluar su moneda (no necesariamente pero es lo que en la mayoría de los casos sucede), a través de una política económica que castigue el poder adquisitivo del consumidor a fin de allegar de capitales extranjeros al país (divisas).

Ahora bien, para mantener la inversión extranjera (recuerde que no se tiene una política industrial nacional que incida sobre el desarrollo de la Ciencia y Tecnología nacional a fin de crear una industria propia), se tendría que optar por hacer ajustes en la política económica, e incluso perder poder de negociación ante las cámaras empresariales y los inversionistas extranjeros.

La solución a largo plazo es el estímulo a la Ciencia y Tecnología, la aplicación a la educación de calidad y la planeación de una política industrial efectiva que permita la creación de empresas grandes de capital nacional que fomenten el desarrollo económico de manera segura.

 4. Aplicar una política de cero endeudamiento y baja inflación.

Imagine usted que le ofrecen un crédito de 10,000 MXN el cual lo puede utilizar en dos opciones, 1) hacer compras en una tienda departamental; o bien, 2) invertir en un fondo de inversión para el enganche de su próxima casa o la educación de sus hijos; en ambos casos se perciben dos ideas, la deuda mala y la deuda buena. La deuda mala se caracteriza por no devolverle una rentabilidad a largo plazo, es decir, por no ser productiva, por otra parte la deuda buena le permite hacerse de una deuda a corto o largo plazo por un bien mayor, del cual se puede maximizar la inversión e incluso prevenir un mal mayor (como es el caso de coberturas o seguros de vida).

Como podemos ver, la deuda depende del uso que se le dé y el concepto aplica de igual manera a personas como a países o empresas. Así pues, el endeudamiento no es malo, sino que todo gira a cómo se maneja esa deuda en el largo o corto plazo. De esta manera, el cero endeudamiento sería bueno siempre y cuando prevaleciera una política económica, educativa, monetaria e industrial, encaminadas al desarrollo nacional (reiteramos el uso del beneficio del largo plazo sobre el corto plazo); en síntesis endeudarse para invertir en Ciencia y Tecnología incentivaría el desarrollo de bienes y/o servicios con miras a mejorar la calidad de vida y el desarrollo económico del país, permitiendo que a largo plazo se gasten menos recursos en mantenimientos o producción en determinadas industrias.

Por otra parte, una baja inflación va de la mano con la política monetaria, la cual, de acuerdo con el numeral 3, podría incidir negativamente de acuerdo con el movimiento del dólar. Si aumentamos la inversión extranjera (repensemos el punto 3), habrá más divisas (especialmente USD), aumentando el monto de las reservas internacionales, lo cual podría abaratar el dólar respecto al peso, sin embargo, lo ideal sería que el peso valiera menos para exportar más, por lo que las cosas importadas costarían más y previendo que la moneda del comercio internacional es el USD, dichas importaciones costarían más, lo cual generaría inflación.  Un ejemplo de esto es el precio de la gasolina, la cual ya se encuentra en los 20 MXN por litro y que con el tiempo se ha convertido en un producto indispensable para el desarrollo económico (el transporte público, y privado como lo es el de bienes y servicios). Bajo este pensamiento, ¿es real mantener una baja inflación en un ambiente volátil (en referencia a la postura económica de EUA relativo al comercio internacional con sus principales socios) y la base de un mayor número de exportaciones?

 5. Consolidar destinos posicionados e incentivar nodos de desarrollo turístico regional en zonas con potencial.

El sector turístico es uno de los sectores estratégicos que promueven zonas con pocas oportunidades en otras áreas de la economía nacional. Esta propuesta resulta ser una de las más acertadas dentro del proyecto de nación de AMLO, principalmente por el declive económico de las zonas petroleras en el Golfo de México entre el 2013 y 2015, minando el desarrollo de la región sur.

Es por esto que el incentivar nodos de desarrollo turístico permitiría a las localidades de la región sur y Pacífico-norte crear fuentes de trabajo a fin de prevenir la migración hacia las grandes ciudades del país o a los Estados Unidos, estimulando a la industria hotelera y las actividades que directa o indirectamente intervienen en esta.

 6. Favorecer los programas universales que detonan el consumo y las economías regionales.

México requiere de un presidente que piense en la sociedad en su conjunto, sin favoritismos y de manera objetiva, imparcial. Toda aquella política que detone el consumo y las economías regionales es, de manera ideal, lo deseable en todo PND, sin embargo, esta concepción de desarrollo económico es muy relativo y ambiguo.

Las promesas de políticos que suenan mucho pero dicen poco resultan ser, en su mayoría, olvidadas y relegadas, simplemente usadas como bandera de un partido deseoso de ganar y con la falta de un pensamiento crítico y objetivo sobre la realidad nacional, ¿es esta una propuesta objetiva?…

La Constitución Moral

Fuera de la escena económica, la propuesta de una Constitución Moral es un elemento trascendental en la campaña de AMLO, puesto que enfatiza el sentido de responsabilidad civil que se ha ido perdiendo a lo largo de los años. Esta pérdida de principios y valores han lacerado significativamente el tejido social de este país, fomentando la división entre los ciudadanos y promoviendo el coraje hacia el prójimo, a tal grado que la promoción de “¿Tienes el valor, o te vale?”, fue la bandera de cierta empresa de radio y televisión con la finalidad de incentivar el civismo que tanto hace falta. En este sentido, la Constitución Moral se vuelve más que una bandera política, es una necesidad social que debe de adquirir el ciudadano a fin de cambiar la estructura política y de comportamiento, incidiendo a largo plazo en una mejora económica, política, social e incluso cultural.

Políticamente, AMLO hace un llamado a la unión social de viejos y jóvenes, hombres y mujeres, ricos y pobres, cual si se tratara de una novela producto de la Revolución Francesa donde Montesquieu, Rousseau y Voltaire, fungen como coautores de esta magna obra, siempre encaminada hacia el amor, la ética y la moral, tres preceptos que, bajo consenso de los actores primarios y secundarios (la élite social como empresarios, políticos y líderes sindicales, y posteriormente el ciudadano de a pie),  todos podrían por fin convivir fraternalmente, con igualdad ante la ley e incluso con el “respeto” hacia las instituciones, pero, ¿es esto posible? ¿Socialmente se puede “pactar” un comportamiento entre todos a corto plazo?

De acuerdo con Clotaire Rapaille, los países poseen un código cultural que les dicta cómo comportarse debido a la unión de un lenguaje, tradiciones e incluso pasado histórico común, entre otros elementos. Esto representa un factor determinante para saber que un español es originario de España a pesar de que viva en Colombia, o bien, que un estadounidense es originario de Estados Unidos aunque viaje al Reino Unido; el código cultural es, por excelencia, un elemento sociológico sustantivo para entrever el futuro de una comunidad.

Por otra parte, de acuerdo a Andrés Roemer, la sociedad también puede cambiar pero ese factor de cambio depende bastante de las bases culturales e históricas que se presenten, así como de la resistencia al cambio de una comunidad, en particular frente a amenazas externas, es decir, frente a cambios que pueden afectar sustantivamente el estatus quo.

Dicho lo anterior, la Constitución Moral se enfrenta a dos conceptos, por un lado está el código cultural que, con el análisis histórico nacional abordado en un principio y el análisis de la izquierda latinoamericana del siglo XX y XXI, nos dan pautas para repensar el hecho de que el cambio social se ha vuelto parte de la escena histórica desde la fundación del Estado mexicano en el siglo XIX.

En este orden de ideas cabe recalcar que México nace de un Estado corrupto en donde la oligarquía usurpa el poder al pueblo, colmando de favores y puestos a los más cercanos al Emperador Iturbide, o bien, a los altos mandos del ejército. Iturbide proclamó como única religión a la católica y permitió que el clero fuera una herramienta fundamental para el control de la sociedad. Entre 1821 y 1876, el Estado mexicano fue partícipe de numerosas guerras internas e internacionales en donde se polarizaron los ideales de la sociedad e incluso fomentó el clasismo, distinguiendo notoriamente entre el indígena, el mestizo y el blanco y/o extranjero.

Afortunadamente durante el caudillismo y el periodo de instituciones (siglo XX) se trató de implementar una identidad nacional a través de la educación pública, sin embargo, el código cultural no cambió en su base pues el mestizo y el blanco no eran iguales ante la ley, incluso en este siglo XXI, los casos de impunidad y favoritismo siguen siendo frecuentes e inclusive “normales” ante los ojos de propios y extraños. Este pasado histórico resalta el hecho de que el código cultural impuesto desde la colonia y complementado durante la etapa independentista hace difícil que el pensamiento colectivo cambie, pues su penetración en todos los ordenamientos de la vida nacional ha creado una realidad paralela entre el norte y el sur, entre las comunidades marginadas de Chiapas y la vida en USD de Nuevo León.

Ahora bien, también se tiene la posibilidad del cambio, es decir, las probabilidades de que, mediante una táctica o estrategia política y económica adecuada se cambie de raíz el “chip” de la sociedad. Como ejemplo tenemos el cambio económico que experimentó China posterior a la muerte a Mao y que, gracias al mando de Deng Xiaoping, se dio un cambio en el paradigma tras una acertada política pública, uniendo lo tradicional con la modernidad, abriendo la economía china al libre mercado a través de “un país, dos sistemas”, materializada bajo las Cuatro Modernizaciones.

¿Es entonces la Constitución Moral una posibilidad o una falacia? Depende de dos elementos 1) el poder del Estado para cambiar el estatus quo mediante un cambio pequeño, pero cambio al fin; y 2) la modificación del comportamiento social a través de la reprogramación del sentido común y la responsabilidad civil. Si bien es cierto que el cambio no solo depende del ciudadano sino de las élites políticas y económicas, es bueno suponer que la conformación de instituciones fuertes que impidan favoritismos (empezando con el nepotismo en MORENA, el PRI, el PAN, y cualquier otro partido político que esté registrado), hasta la reestructuración del sistema educativo con la finalidad de repensar el sentido inclusivo de la sociedad, de fomentar una realidad distinta a la del narcotráfico y a la del gobernante corrupto.

¿Usted se ha puesto a pensar por qué “La ley y el Orden” es una serie tan famosa en Estados Unidos y por qué “Narcos” o “El Chapo” es tan famosa en México? Porque inconscientemente hacen referencia a los valores fundacionales del Estado estadounidense y mexicano respectivamente; por un lado tenemos un Estado que pelea en contra de la tiranía (elemento que promovió la independencia de las 13 colonias en el siglo XVIII y que, a su vez, es un elemento de fuerte identidad dentro de la Declaración de Independencia y la política exterior de dicho país), y por otro lado, tenemos al ladrón que mata y roba porque no tiene más posibilidades para salir de su pobreza, esto debido a una oligarquía ambiciosa y clasista que no promete más que para los suyos (la imagen del gobernante corrupto forma parte de la vida política nacional desde la conformación del Estado, pues el nepotismo y el favoritismo se fomentó naturalmente hasta el presente, ocasionando pobreza y falta de oportunidades que orillaron a las clases pobres a encontrar medios deshonestos para vivir, lo cual se ha vuelto un serio problema de seguridad pública en los países latinoamericanos).

En conclusión, las propuestas de AMLO resultan tener un corte neoliberal, con una gran noción de la realidad económica del siglo XXI, sin embargo, dista mucho de ser una propuesta digna de un grupo de izquierda pues su falta de política económica encaminada a la sociedad lo coloca en un ala de derecha más. La Constitución Moral es quizá la idea más acertada de su discurso, sin embargo, los obstáculos culturales e históricos juegan un papel sustantivo para cambiar la mentalidad del inconsciente colectivo. No hay que olvidar que puede haber infinidad de gobiernos pero lo único que permanece es el Estado, cuya conformación depende en gran medida de las acciones individuales del ciudadano que, en su conjunto, determinan sustancialmente la configuración cultural de un país.

“That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness.”

-Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América (1776).

Omar Marín Oropeza

Internacionalista y economista. O-Marx me dicen. Crítico de Hayek y pupilo de Keynes. Apasionado de la lectura, preguntón por naturaleza y tímido por defecto. Orgullosamente UNAM e IPN.

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– F.A. Hayek.

Un resumen histórico

A principios del siglo XX, el petróleo tomó un papel fundamental para el desarrollo económico de las potencias occidentales, esto a consecuencia de la constante evolución que presentaron la industria automotriz, acerera y energética. Esta serie de innovaciones tecnológicas se tradujeron en una evidente mejora en la calidad de vida, dando paso a una incipiente clase media que sería la determinante de la economía del siglo XX.

Mientras el mundo se movía con la gasolina de la Standard Oil Co., y se iluminaba con el invento de Edison, México pasaba por un periodo de reconstrucción en donde a través de un férreo régimen se fomentó la explotación de tierras y la inversión extranjera. Esta nueva política económica permitió a compañías extranjeras el uso y goce de los yacimientos petroleros nacionales, dando una pequeña renta al Estado mexicano por dicha explotación, lo cual no representó un trato ventajoso para México, pues muchas compañías petroleras extranjeras no reflejaban las verdaderas utilidades de la venta del petróleo explotado. Aunado a lo anterior, la falta de seguridad social de los trabajadores mexicanos, las malas condiciones de trabajo y los bajos salarios estimularía un descontento popular hacia las grandes petroleras extranjeras, lo que influyó en gran medida para que durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas se expropiara la industria petrolera.

Lo anterior sumió a México en un serio compromiso económico con los dueños de las grandes petroleras extranjeras, incluso llegó a escalar a estadios diplomáticos, lo cual cambió con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en donde a cambio de la cooperación mexicana del lado de los Estados Unidos y Gran Bretaña durante el conflicto armado se reducirían las presiones políticas y se llegaría a un acuerdo amistoso para dar solución definitiva a la deuda producto de dicha expropiación, así como los daños causados a las propiedades de estadounidenses y británicos durante la Revolución Mexicana.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, México vivió un periodo de prosperidad hasta la década de los 60. Para la década de los 70, México poseía una gran deuda externa y los malos manejos de las finanzas públicas provocaron que el gobierno tomara medidas restrictivas al presupuesto en los años subsecuentes, lo que dejó a la administración de José López Portillo en austeridad total con un modelo de recuperación económica que dividía al sexenio en tres periodos, durante los cuales se pretendía estimular a las industrias estratégicas del país con la finalidad de fortalecer el mercado interno y aumentar el consumo.

Para 1973, el plano internacional y el descubrimiento de importantes yacimientos petroleros darían paso a una época de bonanza económica que daría pie a la entrada de divisas al país, particularmente dólares estadounidenses, así como el incremento de las exportaciones petroleras. Lamentablemente, la corrupción, el despilfarro y la mala planeación económica, desembocaron en una crisis económica que se caracterizó por la venta de empresas del Estado durante las siguientes dos décadas, siendo la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el epítome de la apertura comercial de México al mundo, sobre todo a la región más diversificada y rica de América.

El caso de PEMEX en este contexto se resume como una compañía del Estado identificada como un lastre, primordialmente explotada por gobiernos corruptos, con directivos carentes de responsabilidad social para afrontar las reformas estructurales que requería la petrolera y secuestrada por un sindicato asfixiante al servicio del gobierno en turno (una de las maravillas del corporativismo en México). Así pues, PEMEX comienza el siglo XXI con una gran deuda y una reforma energética que promueve la entrada nuevamente a aquellas compañías extranjeras expulsadas durante la justicia social de los 30. Esta reforma permitiría la explotación del crudo mediante técnicas convencionales y no convencionales, siendo prudente ante este escenario formularnos las siguientes preguntas, ¿fue acertada la decisión de liberar el precio de las gasolinas?, ¿el monopolio de PEMEX significó un beneficio para los mexicanos?, ¿la competencia en la industria petrolera permitirá un beneficio económico para el consumidor?

El Estado empresario: ¿qué es un monopolio?

En la teoría económica, podemos definir a un monopolio como un modelo de mercado en donde únicamente existe un solo vendedor y múltiples compradores. Por ejemplo, PEMEX se consideraba un monopolio debido a que anteriormente era el único autorizado para vender gasolinas y demás procesados del petróleo en México, siendo la empresa que vendía a grandes distribuidores.

El monopolio supone barreras que impiden que otros competidores participen en el mercado, estas barreras pueden ser naturales, de propiedad y legal, en este sentido, PEMEX suponía un monopolio con barreras legales a la entrada pues la Constitución establecía que el Estado era el único autorizado para el uso y goce de los recursos naturales del país, concediendo derechos exclusivos a la paraestatal para la comercialización de hidrocarburos.

El libre mercado: la importancia del mercado competitivo

En el mercado no solamente existen monopolios u oligopolios, también existen empresas que compiten día a día entre ellas para ofrecer mejores productos y servicios a sus clientes, esta competencia se realiza a través de la competencia de precios, marketing, descuentos e incluso estímulos gubernamentales.

Grandes compañías nacionales y extranjeras utilizan la discriminación de precios (dar productos a diferentes precios para diferentes nichos) con la finalidad de atraer mayor número de compradores, por ejemplo, Microsoft ofrece una gran cantidad de productos para estudiantes, hogares y oficinas, de tal suerte que Microsoft contempla estrategias que le han permitido posicionarse ventajosamente en el mercado de software a lo largo de dos décadas pero… ¿qué pasaría si un mercado no fuera competitivo y los productos se vieran restringidos por el Estado? Esta pregunta tiene su respuesta en la política restrictiva de la Unión Soviética (URSS) entre 1950 y 1989.

Durante la carrera armamentística producto de la Guerra Fría entre la URSS y los Estados Unidos, hubo una gran inversión en bienes de capital para la producción en masa de innovaciones tecnológicas que permitieran la vanguardia militar de ambas potencias, sin embargo, la URSS no permitió que esta tecnología llegara a la industria civil, cosa diferente en los Estados Unidos, donde las grandes corporaciones (sobre todo las industrias de electrodomésticos y automotriz) utilizaron estos avances militares para modificarlos a las necesidades de la sociedad estadounidense, mejorando la producción y disminuyendo los costos, lo cual fomentó el desarrollo económico.

El caso de la Unión Soviética nos da una importante lección, la cual radica en que la intervención del Estado de manera excesiva impide que las empresas privadas compitan entre sí en beneficio del consumidor, es decir, la innovación se pierde entre la burocracia, permisos, derechos, contribuciones e incluso corrupción, lo cual impidió que grandes aplicaciones militares soviéticas se aplicaran en beneficio de la sociedad.

De esta manera encontramos que en realidad, el mercado competitivo ofrece mayor número de opciones al consumidor, permitiendo una eficiencia en el sistema de las economías capitalistas. Si bien no es perfecto, es menester enunciar que la competencia ha permitido el desarrollo de importantes innovaciones como por ejemplo en las compañías Ford Motor Company o Tesla Motors, las cuales han revolucionado el transporte del siglo XX y XXI, respectivamente, a través de la competencia con sus iguales (Honda, Chevrolet y Volkswagen), permitiendo líneas de ensamblaje más eficientes, disminución de costos, baterías con mayor durabilidad, menor cantidad de material contaminante, mejor tecnología para la seguridad de los ocupantes, entre otros.

El costo social del monopolio

Muchos políticos mencionan que los monopolios del Estado fomentan el empleo y apoyan la economía nacional, sin embargo, para fines prácticos y teóricos la historia ha sido muy diferente pues, en gran medida los problemas de los monopolios estatales derivan de una mala planeación y casos de corrupción, sin embargo, el problema restante recae en la definición propia del fenómeno económico.

Cuando las empresas venden sus bienes y servicios en un mercado competitivo se vuelven precio-aceptantes, es decir, acceden a las condiciones que se establecen en las negociaciones del día a día entre compradores y vendedores (se rigen en función de la ley de la oferta y la demanda), por lo que los productos tienden a encontrar un equilibrio entre la demanda y la oferta, lo cual crea un efecto positivo que permiten a los consumidores, como usted y como yo, a tener acceso a diferentes calidades y precios para elegir.

Cuando existe un monopolio el equilibrio es diferente, pues al haber un solo vendedor en el mercado este controla los precios y la producción, empero, a pesar de tener esta “ventaja” no puede poner el precio tan “arbitrariamente” como pensáramos. Así pues, el monopolista determina el precio a través de la “optimización”, la cual se obtiene a través de un equilibrio entre un costo marginal (que es el incremento del costo total dividido entre el aumento de la producción) y el ingreso marginal (que es el cambio en el ingreso total como resultado del aumento en una unidad de la cantidad vendida), lo que se explica gráficamente de la siguiente manera:

Como se podrá dar cuenta, el monopolista produce menos y vende más caro, por lo que hay una disfunción en el mercado denominada como “costo social”. El costo social implica una pérdida para usted y para mí como consumidores, esto debido a que como el monopolista produce menos y vende más caro, hay una deficiencia productiva que provoca una pérdida en el sistema económico, es decir, en el monopolio no se ocupa al máximo los activos de la empresa, lo cual podría traducirse en, por ejemplo, una falta de aprovechamiento de la capacidad instalada, poca inversión en la innovación productiva, bienes de capital obsoletos, entre otros.

Entonces… ¿el fin del monopolio supone mejores precios?

Bueno, en este sentido hay que poner sobre la mesa muchas variables más que no solo implican al monopolio. Primeramente encontramos que hay diversos tipos de crudo como el superligero, ligero, pesado y extra-pesado, dentro de los cuales el mejor para producir gasolinas es el ligero, esto supone un gran mercado que la paraestatal aprovechó en las décadas de los 60 y 70 con la construcción de refinerías para abastecer el mercado interno.

Lamentablemente, para el 2015 el panorama no era del todo alentador pues cerca del 52.5% del petróleo extraído era crudo pesado, a comparación de un 35.8% de crudo ligero y un 11% de crudo superligero, esto supuso un evidente cambio en los precios de la gasolina pues su importación comenzó a ser una gran prioridad para el gobierno y posteriormente una necesidad.

Este petróleo importado proviene principalmente del sur de los Estados Unidos, el cual es transportado mediante pipas u otros medios terrestres cuando lo ideal debería de ser mediante ductos. Este costo logístico supone una gran parte del costo de importación, el cual junto con el costo de producción y los impuestos representan un precio superior al de muchos países con una importancia petrolera similar a la de México.

El fin del monopolio no supone una baja sustantiva en el precio de la gasolina, pues de igual manera se tendría que importar, sin embargo, puede ser factible que a largo plazo estos precios se reduzcan paulatinamente gracias a la mejora en los canales de distribución y la competencia de precios entre compañías petroleras nacionales y extranjeras.

Lamentablemente, el Estado mexicano aún posee una gran injerencia en los precios de referencia de la gasolina por encontrarse en un periodo de “transición” entre el monopolio y el mercado competitivo, lo cual supone un atentado al libre mercado, pues el gobierno usa como rehén a este energético sirviéndole de moneda de cambio en el escenario político y fiscal, dando incertidumbre al mercado y en especial a los inversionistas, retrasando el proceso de entrada a otros competidores.

Entonces… ¿es bueno o malo el monopolio de PEMEX?

Esta pregunta incomoda a las altas esferas del gobierno, sobre todo por la liberalización del precio de las gasolinas que a partir del 30 noviembre de 2017 se generalizó en todo el país, empero con el antecedente que abordamos en este artículo podemos encontrar una característica importantísima y es que la ineficiencia de un monopolio le cuestan a usted y a mí el acceso a un bien o servicio mejor en todo sentido. Esto supone que esa “ganancia extra” que adquiere el monopolista pueda ser utilizado para programas sociales u otras aplicaciones, lo cual ya no compete a la ciencia económica sino a la ciencia política y a la contabilidad social.

¿Qué tiene que ver la ciencia política y la contabilidad social con esto? Pues más de lo que usted cree, ya que uno podría suponer que los problemas principales son económicos por lo anteriormente analizado, así como el endeudamiento inherente de la paraestatal, pero por increíble que parezca el mayor de los problemas es la corrupción que ha aquejado a PEMEX desde su creación tras la expropiación petrolera.

Claro que hay monopolios estatales que tienen un “buen” desempeño, o simplemente “mejor” que PEMEX, pero estos son pocos ya que la mayor problemática que se ha encontrado en estos fenómenos económicos son las variables políticas, fiscales y sociales que inciden negativamente sobre la disposición de los excedentes.

El monopolio de PEMEX fue malo principalmente por la falta de “libertad” en la toma de decisiones al momento de negociar precios, así como en la “autonomía” de construir su estructura organizacional; además, la política fiscal implementada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la que PEMEX sufrió una paulatina asfixia, resultó ser financieramente imprudente pues la “contribución” de la paraestatal a las finanzas públicas fue referenciada a sus ventas provocando que, a pesar de no generar utilidades por los altos costos operativos, se tuviera que endeudar para cumplir con sus obligaciones. Dicho lo anterior, PEMEX se volvió “la gallina de los huevos de oro” que paulatinamente fueron matando a través de una política de Estado mediocre y poco coherente en todo sentido, económicamente estresante y financieramente fuera de la realidad, políticamente rentable pero socialmente mal vista, sinónimo de la corrupción y la impunidad que aquejan al país.

Retomando lo anterior podríamos repensar la situación de PEMEX, quizá el costo social que representa una ineficiencia en la teoría económica hubiera sido un beneficio social para el desarrollo de las comunidades marginadas de ser aplicado transparentemente en programas incluyentes y responsables, quizá el costo social más grande del monopolio petrolero no fue el monopolio en sí, quizá el costo social más grande ha sido y será la corrupción que impera en las Instituciones mexicanas, inclusive en el Estado mexicano desde su propio origen…

Omar Marín Oropeza

Internacionalista y economista. O-Marx me dicen. Crítico de Hayek y pupilo de Keynes. Apasionado de la lectura, preguntón por naturaleza y tímido por defecto. Orgullosamente UNAM e IPN.

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Karl Marx.

Para muchos el 2012 representó la épica batalla entre el bien y el mal. Mientras la izquierda perfilaba a uno de los mejores alcaldes del mundo y la derecha se centraba en borrar las huellas de un oscuro pasado tras 12 años de conservadurismo radical, el centro preparaba a un candidato carismático y reservado, un hombre educado en los viejos principios de la dictadura partidista que gobernó México por tres cuartos de siglo.

Los primeros resultados arrojaban un evidente empate. El resultado fue tajante pues para fortuna de muchos y desgracia de otros tantos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ganaba la silla presidencial como en los viejos tiempos. El ascenso de Enrique Peña Nieto como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos podría representar un cambio de la férrea política católica del Partido Acción Nacional (PAN), una pequeña oportunidad al “nuevo PRI” que regresaba del exilio tras 12 años de haber sido desprestigiado y castigado por la ciudadanía.

“Saving Mexico”

La portada de la revista Times mostraba al nuevo candidato como la solución a todos los problemas del país, un hombre con experiencia política y gran pericia, asesorado por las viejas cúpulas del poder que permitieron el nacimiento y permanencia de “la dictadura perfecta”. Fuera de las fronteras fue bien visto por los Estados Unidos de América y ampliamente aceptado por la Comunidad Internacional como el líder que México requería ante los grandes retos que se avecinaban, sin embargo, transcurridos los primeros dos años de su gobierno no todo pintaba bien.

Los tropiezos y desaciertos de su gobierno incrementaron la soledad del joven Presidente, aquellos incondicionales que se llamaban amigos lo abandonaron a su suerte en medio de una crisis política nunca antes vista pero, ¿por qué fracasó el proyecto de nación tan prometedor en el que todos tenían puesta la esperanza del desarrollo y la estabilidad?

La política como vocación

Las decisiones políticas responden en gran parte a casualidades de su presente e incondicionalmente a las causalidades que surgen de un pasado lejano; la historia juega un papel fundamental en el desarrollo de una sociedad y, por ende, en las directrices del Estado. En este sentido, el Partido Revolucionario Institucional nació como producto de dos reestructuraciones partidistas anteriores, el Partido de la Revolución Mexicana y el Partido Nacional Revolucionario, quienes a su vez fueron producto de las demandas sociales que exigieron la salida de Porfirio Díaz en 1910, así como el periodo caudillista que se vivió entre 1913 y 1936.

Entre 1936 y 1988, México sufrió un crecimiento demográfico sin precedentes, el aumento de la clase media, la transformación de la industria nacional, el cambio a una economía petrolera y la apertura de México con el exterior, esto de manera general. Políticamente, entre 1929 y el 2000, un solo partido dominó la escena nacional, el PRI se consideró como una dictadura y a sus líderes como caciques a la vieja usanza de los hacendados porfiristas, sin embargo, el sentido de un partido único tenía un sentido histórico, un pasado común cuyo sistema pareció funcionar.

El PRI entendió rápidamente que la estructura política del porfiriato había proveído, en su momento, de una paz forzada encaminada al desarrollo económico y social del país, por lo que la manipulación de la democracia y el respeto incondicional a la figura presidencial jugaron un papel sustantivo en la aplicación coercitiva de la ley (y de las directrices del Estado); un partido único garantizó una transición ordenada y el paso a proyectos continuos entre gobiernos. El costo social fue evidentemente la falta de libertades, la creciente impunidad, la corrupción y la prepotencia de servidores públicos con la población civil.

Entre 1988 y el 2000 se dio un periodo de transición en un sentido económico y político. La firma y la entrada en vigor en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, abrió el mercado nacional a dos de los países de primer mundo más influyentes en la economía internacional y para 1997 se dio la tan esperada reforma política que permitiría a la oposición llegar a ocupar escaños antes impensables, incluso la presidencia. Esto significó el final del control del partido hegemónico y la posterior crisis política que se viviría en las elecciones intermedias del sexenio de Ernesto Zedillo. La figura presidencial pasó a ser una pieza más del tablero político y su poder seriamente minado por el poder legislativo.

Lo anterior nos da pautas para la reflexión sobre un periodo histórico que socialmente se rigió, en parte, por los contrastes socioeconómicos, producto de una revolución que olvidó los intereses populares y que posteriormente promovió las viejas usanzas políticas del siglo anterior. El cambio político no trajo consigo la madurez civil y la responsabilidad social, elementos que fueron evidentes entre el 2000 y el 2012.

El fenómeno de la nostalgia

El regreso del PRI para el sexenio 2012 – 2018, significó, en cierta forma, el regreso a la estabilidad y a los beneficios que representaba el viejo partido para la clase media y trabajadores del Estado. El partido que fomentaba la mano dura y actuaba sin titubeos, pareció una opción atractiva hacia lo viejo, que comenzó una guerra en contra del narcotráfico, y lo nuevo, una izquierda ambigua con tintes radicales.

El inicio del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, al igual que el de Carlos Salinas, se vio envuelto en una ilegitimidad que fue ampliamente criticada por la oposición, y como en aquel 10 de enero de 1989 (año en el que Salinas ordena la detención de “La Quina”, líder del Sindicato Petrolero), el gobierno ordenó la detención de la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, Elba Esther Gordillo, permitiendo ejercer presión sobre uno de los sindicatos más grandes de América Latina, permitiendo de esta forma implementar paulatinamente la reforma educativa

Por otra parte, las reformas fiscal y energética trajeron consigo un cambio radical en las finanzas públicas. El fin del monopolio energético trajo consigo una serie de rondas en las cuales se licitaron zonas para su explotación por empresas privadas, así como en producción conjunta con el Estado, sin embargo, esto representaría un serio descontento social por la memoria histórica y el objeto nacional que representaba dicha industria. Por otra parte, la reforma fiscal traería consigo una mayor recaudación fiscal y la implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) para la creación de un sistema más eficiente, allegando al Estado de recursos más rápidamente y con mayor impacto.

La confianza del empresariado fue en detrimento conforme avanzó el sexenio. La inseguridad y la falta de coerción por parte del Ejecutivo Federal, fueron algunas de las variables que permitieron la impunidad y corrupción; las grandes empresas sufrieron saqueos, robos, falta de facilidades por parte de los gobiernos locales e incluso el aumento de impuestos en algunas industrias. El gobierno perdía estabilidad, lo cual se recrudeció aún más con la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, con lo que se promovió un gran movimiento social en contra de la impunidad e inseguridad que provocaba el crimen organizado (ampliamente relacionado con el narcotráfico). El caso de Ayotzinapa incidió negativamente en la imagen de México en el exterior. Estados Unidos exigió un esclarecimiento de los hechos y la Unión Europea hizo evidente el descuido a los Derechos Humanos por parte del Gobierno Federal.

El proyecto que al inicio del sexenio representaba la luz de la esperanza y un proceso encaminado a la pacificación de la nación, se desmoronaba paulatinamente, el país queda en vilo y la sociedad escéptica ante el resurgimiento de la izquierda.

Omar Marín Oropeza

Internacionalista y economista. O-Marx me dicen. Crítico de Hayek y pupilo de Keynes. Apasionado de la lectura, preguntón por naturaleza y tímido por defecto. Orgullosamente UNAM e IPN.

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El sábado 12 de agosto de 2017, se convocó a una inocente manifestación para impedir que una estatua de un famoso general Confederado de los Estados Unidos, Robert E. Lee, fuera retirada de un parque en la ciudad de Charlottesville, Virginia. Al inicio, la manifestación resultó pacífica, sin embargo, las agresiones verbales pronto se convirtieron en agresiones físicas.

El enfrentamiento entre grupos antifascistas y manifestantes de la extrema derecha desafortunadamente terminaría con un saldo de tres muertos, veinte heridos y una pregunta trascendental que se ha hecho Estados Unidos desde 1776: ¿cómo no perderse en la difusa línea que divide la libertad de la tiranía?

El racismo es tan viejo como el mismísimo Tío Sam

En el siglo XVIII, las 13 colonias vivían sobre la tiranía de un rey británico quien les imponía altas tasas impositivas con la finalidad de afianzar el control en la región y fomentar un monopolio comercial, lo cual estimuló la idea de independencia entre los colonos libres.

Lo anterior fue ampliamente apoyado por la Corona francesa, nación profundamente resentida por la pérdida de territorios durante la Guerra de los Siete Años contra Gran Bretaña, brindando capacitación y un pequeño ejército para defender aquellos ideales nacidos de los pensadores franceses y plasmados en la Enciclopedia durante la Ilustración.

El 4 de julio de 1776, los colonos decidieron que ya había sido suficiente, por lo que un grupo de intelectuales, terratenientes y miembros del ejército, firmaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Durante cerca de nueve años, los colonos pelearon arduamente junto con los franceses en contra de la tiranía británica, logrando que en 1783 se reconociera su independencia, y por ende, la creación de un nuevo Estado-nación ante la comunidad internacional.

¿Por qué es importante este antecedente? Porque curiosamente en el preámbulo de la Declaración de Independencia se enlistan como derechos inalienables del hombre: la libertad, la vida y la búsqueda de la felicidad, elementos por los que se fundan los Estados Unidos y por los que se justifica su política interna y exterior (aún en pleno siglo XXI).

La Guerra Civil: el origen de los confederados

Tras la independencia de los Estados Unidos, la esclavitud se volvió un elemento común en el sur del incipiente país. Las grandes plantaciones necesitaban de una gran cantidad de mano de obra para poder cultivar el tabaco y algodón, insumos que requería la industria del norte del país para ser exportado a Europa y Latinoamérica.

El norte puritano junto con su moralidad y el crecimiento industrial que experimentó el país, provocarían que se repensara la libertad del hombre como papel central de la política interna y el sentido de democracia ante la población menos afortunada. Este problema de la libertad se volvió cada vez más importante con la llegada del presidente Abraham Lincoln, quien terminaría por abolir la esclavitud, lo que provocaría una Guerra Civil que duraría cuatro años (1861 – 1865). El norte industrial era denominado como la Unión, con un ejército bien preparado y muy bien financiado por el empresariado estadounidense; el sur era denominado como la Confederación, apoyado por una élite terrateniente y por el sector conservador de los Estados Unidos.

A pesar de que la Unión venció a la Confederación (o confederados), el racismo continuó hasta la mitad del siglo XX, en donde grandes activistas de los derechos humanos como Martin Luther King y el presidente J. F. Kennedy, estimularon movimientos sociales con la finalidad de alcanzar nuevamente los derechos inalienables promovidos por aquella olvidada Declaración de Independencia.

La tiranía de Donald Trump

El suceso en Charlottesville contó con la participación de individuos de ultra derecha quienes portaban banderas Confederadas (las cuales supuestamente ya habían sido prohibidas en supermercados por incitar al racismo e intolerancia en los Estados Unidos), lo anterior representa una seria problemática social que pone en peligro la estabilidad política y económica de los Estados Unidos, la cual aparentemente se ha visto cada vez más amenazada por los comentarios del actual presidente Donald Trump.

Durante la campaña presidencial, el mensaje intolerante y racista de Trump dejó entrever la doble moral estadounidense hacia la minoría latina. Su campaña fue ampliamente apoyada por los WASP (White Anglo Saxon Protestant: término que representa a los blancos descendientes de británicos y ultra conservadores que han ostentado el poder económico político y económico de Estados Unidos), proyectando ante los medios masivos de comunicación el racismo que aún coexiste entre la media poblacional letrada y conservadora, renuente a aceptar a aquellos inmigrantes que forman parte de la base económica de una de las naciones industrializadas más poderosas del planeta.

Por añadidura, los movimientos racistas acaecidos entre las elecciones y la Administración Trump, tienen su raíz en la aceptación pública de la intolerancia de parte del gobierno federal. La política interna y exterior contra los latinos y musulmanes pronto se turnó también hacia negros y asiáticos, lo cual dio paso a que grupos como el Ku Kux Klan y los Neonazis fueran nuevamente aceptados por la media poblacional. En este sentido, la aceptación social de los líderes de opinión fungen como elementos determinantes en las acciones colectivas en un país, sobre todo cuando los grupos denominados como “radicales” han pasado mucho tiempo relegados y descuidados por los políticos y los sectores más afortunados de una sociedad.

Este fenómeno es históricamente frecuente, tal fue el caso de la Alemania nazi, pues entre 1936 y 1944, la mayoría de los alemanes consideraban como verdad la opinión de Adolf Hitler, aceptando moralmente el constante desprestigio hacia la comunidad judía y el apoyo incondicional de acciones agresivas hacia minorías que antiguamente (durante la República de Weimar) conformaban las élites intelectuales de la sociedad alemana.

Lo anterior nos lleva a repensar el fenómeno entre dos vertientes, por un lado se percibe una problemática social pues los ataques racistas implican la aprehensión de una ideología permitida por un líder de opinión y apoyado por los poderes que justifican y dan legalidad al sistema; por otra parte podemos entrever un patrón cultural que, a pesar de los esfuerzos de la sociedad civil, ha formado parte de las raíces fundacionales de un Estado cuyo compromiso con la élite terrateniente blanca está en deuda, pues financió y apoyó la política interna y exterior antes y después de la creación del Estado estadounidense.

El código cultural estadounidense

Clotaire Rapaille, antropólogo nacionalizado estadounidense pero de origen francés, define al código cultural como un conjunto de comportamientos característicos de un pueblo, el cual se compone de valores, tradiciones, costumbres y una historia común, de esta forma, el código cultural funge como un elemento trascendental para comprender la política interior y exterior de un país pues este condiciona a los individuos en su manera de actuar ante diversos escenarios dentro y fuera de su comunidad.

El código cultural de los Estados Unidos tiene origen en su propia Historia. Estados Unidos representa la búsqueda eterna por la libertad y la lucha en contra de la tiranía; sus valores fundacionales le permitieron basar su política exterior en favor a Dios, promoviendo ante un Destino Manifiesto la misión de la Divina Providencia de salvaguardar a las naciones Latinoamericanas, a través de la intervención, de la tiranía imperialista europea. Su sistema judicial se basa en una moralidad puritana y el sentido estricto de la verdad, ambos como elementos coercitivos de una sociedad liberal pero tradicional. El sistema económico tiene una raíz protestante, caracterizada por la honra a Dios con el trabajo, es decir, la riqueza no es vista como un problema ni una culpa, es vista como una alabanza a Dios y un compromiso entre el individuo y su sociedad.

La ética protestante y el ocaso de la libertad

Los sucesos de Charlottesville representan la eterna batalla de la Unión y la Confederación, de lo políticamente correcto y lo moralmente aceptado, un enfrentamiento en donde la sociedad debe plantearse nuevamente la lucha de la tiranía y la deposición de un gobierno que viola las bases fundacionales del Estado.

La ineficiencia de la policía en la preservación del orden en Charlottesville evidencia y refuerza el papel de la administración Trump frente a la aplicación objetiva de la fuerza ante las amenazas que presenta el orden civil, un carente sentido de responsabilidad y la falta de compromiso ante la institucionalidad que representa la figura presidencial.

Donald Trump representa un periodo oscuro en la Historia de los Estados Unidos, un presidente que ha desafiado el equilibrio de poderes (check and balances) impuesto por los Padres Fundadores, la preferencia pública de una raza frente a otra y una política exterior que ha minado la influencia ante aliados que antes se consideraban incondicionales. La libertad se encuentra secuestrada por un empresario que está acostumbrado a imponer y no escuchar, donde periodistas son sacados de la Sala de Prensa, persuadidos, sancionados o simplemente censurados.

El código cultural y el papel del Presidente de los Estados Unidos de América, son parte sustantiva del problema pero no determinante del mismo, de esta forma, la sociedad estadounidense debe rescatar el principio inalienable de la libertad sin caer en libertinaje, de la vida sin caer en la injusticia y de la búsqueda de la felicidad sin perder la orientación moral.

Omar Marín Oropeza

Internacionalista y economista. O-Marx me dicen. Crítico de Hayek y pupilo de Keynes. Apasionado de la lectura, preguntón por naturaleza y tímido por defecto. Orgullosamente UNAM e IPN.

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-Pablo Zulaica.

El narcotráfico en México es una realidad que ha permeado la sociedad desde principios de la década de los 80 y que se recrudeció en la década de los 90, saliéndose de control a partir de la guerra contra el narcotráfico implementada por el gobierno del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006 – 2012).

La evidente corrupción de los altos mandos policiales junto con la pobreza de las zonas rurales, apoyaron las redes de suministro y producción del narcotráfico a lo largo y ancho de México, estimulando el poder de negociación y control de los grandes cárteles, financiando campañas políticas, pavimentando carreteras y en algunos casos, hasta estimulando las economías locales. La imagen del campesino pobre y del pueblo sin justicia fue hábilmente aprovechada por el crimen organizado, prometiendo con fuertes sumas de dinero la solución a todos sus problemas; invitándolos a formar parte de esa gran cadena de producción de marihuana y finalmente a ser repartidores, así como consumidores.

La solución del Estado fue radical y apresurada: “metamos al Ejército, total, nuestras Instituciones castrenses son leales y patrióticas”, desafortunadamente, el sueldo de un soldado raso no era mejor en 1990 que en 2017, lo cual dio pautas para que algunos elementos del Ejército fungiera como entrenadores y posteriormente parte de las líneas ofensivas y defensivas de los cárteles de la droga, tal fue el caso del nacimiento de los Z en la década de los 90 (este particular nombre se deriva de las claves que empleaban los GAFE), cuyos inicios se remontan a los GAFEs (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales), un grupo de fuerzas especiales del ejército mexicano que tuvo entre sus filas a los más destacados elementos de la Institución, entrenados inicialmente por la Gendarmería Francesa, las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos y el Sayeret Matkal de Israel.

Ante esta intoxicación, el gobierno federal optó por incorporar a la Marina en los patrullajes e incluso incrementar las acciones preventivas en los puntos de revisión del Ejército en carreteras federales. La “militarización” de las fuerzas de seguridad ha llegado a tal grado que en junio de 2017, el gobierno federal dispuso que las capitanías de puerto pasaran a manos de la Secretaría de Marina para una mayor detección de ilícitos en materia de comercio exterior, fomentando la seguridad de las aduanas marítimas del país.

¿Un cártel en Tláhuac?

“¿Cómo?, ¿un cártel en Tláhuac?, ¿en medio de una crisis política que se acerca más y más con la elección presidencial del 2018?”, se repiten senadores, diputados y el gobierno federal, pero para el lector quizá esto no parezca sorprendente, pues todos los ciudadanos vemos el día a día del crimen organizado, la prostitución, la violencia y el narcomenudeo, situación que a nuestras autoridades, aparentemente, les resulta inverosímil.

Tepito, La Joya (o el hoyo como es comúnmente nombrado), la Progreso, y seguramente tres cuartas partes del Valle de México son focos rojos que ninguna autoridad tiene presente, lugares donde la ley del más fuerte rige los premios y los castigos de los habitantes, donde los jóvenes sin oportunidades prefieren robar o matar por 3,000 pesos.

Ante este panorama Tláhuac no es la diferencia, sino que es una constante que nos ha rodeado desde hace más de 20 años, una representación evidente del Estado fallido y del desinterés de las autoridades por el bien común, la indiferencia de la sociedad y la pobreza de la media poblacional.

En la Ciudad de México siempre ha habido narcotráfico, solo que en algunas zonas es más palpable que en otras, la diferencia radica en que anteriormente el gobierno tenía un pacto con el crimen organizado, un convenio implícito en el que se asaltaban ciertas zonas y algunas personas eran intocables, como por ejemplo durante el gobierno del ex presidente José López Portillo y su muy buen amigo Arturo “El Negro” Durazo.

¿Mayor gasto en seguridad es menos crimen organizado?

Una de las políticas del gobierno federal es incrementar el gasto en seguridad pública, comprar más cámaras de seguridad, mayor alumbrado público, más patrullas, contratar más elementos para la Secretaría de Seguridad Pública, mayor financiamiento a las fuerzas armadas e incluso hasta impartir costosos talleres a funcionarios de alto nivel en materia de seguridad, pero, ¿todo esto es necesario?

En un sentido objetivo y crítico, el Estado monopoliza el uso de la violencia, por lo que garantiza la seguridad, libertades, derechos y obligaciones entre gobernantes y gobernados, honrando el Contrato Social en el que dicho ente político se formó, en este mismo orden de ideas, es la obligación del gobierno mantener dichos elementos para que la cohesión social continúe, manteniendo el sentido de estabilidad y paz que permite el desarrollo del individuo.

Siendo así la fundación del Estado, ¿qué se requeriría para mantener dicha cohesión social en amplio sentido? Inicialmente, el individuo tiene que satisfacer sus necesidades básicas (alimenticias, educativas, de salud, entre otras), posteriormente sus deseos (un auto nuevo, una casa, esparcimiento, una familia, entre otros), lo que nos lleva a cuestionar la política del Estado para satisfacer las necesidades y deseos del individuo. El Estado tiene la obligación de proporcionar educación, salud, salario digno, entre otros elementos que podemos ver según la Carta Magna de cada ente político, lo cual podría representar que el Estado se encarga de satisfacer las necesidades básicas del individuo, mientras que este último se encarga de satisfacer sus deseos, es decir, el Estado debe proveer de servicios que puedan otorgar las oportunidades necesarias para que una persona se desarrolle y aproveche su potencial para formar parte activa y propositiva de la sociedad, cosa en la que México ha fallado evidentemente.

Así pues, podemos darnos una idea de que el problema no es de seguridad, la raíz del problema radica en las oportunidades que da el Estado para el desarrollo del individuo, en que este se ve imposibilitado en satisfacer las necesidades básicas de la población, orillando a los menos afortunados a optar por actividades que laceran el tejido social, que hieren el sentido de nacionalismo y comunidad que fundaron este país. La única forma de que un individuo puede llegar a ser igual que otro es mediante la educación, elemento que es capaz de otorgar las mismas oportunidades a todos, lo cual a su vez representa un cambio radical en el sistema educativo. El problema pues no es de seguridad, no es el narcotráfico, no es el robo a mano armada, no es la violencia, el verdadero problema es educar a una masa poblacional con serios resentimientos hacia sus semejantes, con un racismo arraigado, una falta de meritocracia y una evidente actitud oportunista.

La educación es la única manera en que las clases pobres pueden superar su pobreza, en que las clases medias sean conscientes de su realidad y de que las clases altas tengan responsabilidad social, solo a través de la educación Japón cambió su militarismo por ser una de las naciones más pacíficas de la segunda mitad del siglo XX, China cambió su economía maquiladora por una innovadora a través de las Cuatro Modernizaciones en la década de los 90, Alemania erradicó el nazismo y promovió el sentido de inclusión en dos ocasiones (1947 y 1990), la historia  nos ha demostrado que la única manera en la que una sociedad puede avanzar es disminuyendo la ignorancia e incrementando la cultura, ¿qué espera México para hacerlo?

Omar Marín Oropeza

Internacionalista y economista. O-Marx me dicen. Crítico de Hayek y pupilo de Keynes. Apasionado de la lectura, preguntón por naturaleza y tímido por defecto. Orgullosamente UNAM e IPN.

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El caso de México

En estricto sentido, el sistema de pensiones mexicano tiene una profunda raíz en el Estado de Bienestar de principios del siglo XX, en donde las Instituciones jugaban un sustantivo papel en el otorgamiento de derechos a la clase trabajadora, lo que aunado al papel del Estado como ente rector de la economía nacional, fomentaban una gran carga a las finanzas públicas.

Durante la segunda mitad del siglo XX, el Estado mexicano tuvo serios problemas para mantener una economía estable, eso, junto con las variables macroeconómicas, llevarían al gobierno a deshacerse de su papel como Estado empresario, impulsando el modelo neoliberal (Modelo Secundario Exportador), concluyendo con la incipiente industria nacional al no poder competir con las trasnacionales en el último cuarto del siglo de referencia.

Acompáñame a ver esta triste historia: la experiencia de la Unión Europea

Lo anterior nos podría hacer pensar que México cometió un error al dejar a un lado el Estado de Bienestar que ayudaría a la clase trabajadora, reivindicando el sentido del contrato social que tan románticamente se hablaba en la Francia Revolucionaria, sin embargo, tras 30 años de historia económica podemos determinar ciertos detalles.

Entre 1980 y el 2010, la Unión Europea (anteriormente Comunidad Europea) mantuvo su política de Estado de Bienestar, en donde diversas industrias son aún propiedad del Estado y que estas pueden o no representar un beneficio a las finanzas públicas. La competitividad industrial es mayor y, por lo tanto, puede pensarse que estos beneficios se desbordan hacia todos los sectores de la población, sin embargo, las tasas de inmigración incrementaron durante estos años, fomentando la piratería y la carga a programas sociales que buscan disminuir el sufrimiento de los sectores más vulnerables de la sociedad, los sueldos no son competitivos y las nuevas generaciones no tienen las mismas oportunidades que sus padres, a pesar de tener mayor preparación académica.

Ante este nuevo escenario, algunos países europeos lograron sortear las dificultades y reorganizaron sus finanzas públicas, sin embargo, países como Italia, Francia y Grecia, hicieron caso omiso de esto, siguiendo con el gasto desmedido hacia programas sociales.

Con la crisis del 2008, el mundo se sumió en una gran depresión económica que llevaría a Grecia y a Italia a la quiebra. Grecia tuvo que llevar una gran reestructura económica que logró tirar el sistema bancario, dejar sin trabajo a más de una cuarta parte de la población, sin pensión a los adultos de la Tercera Edad y que concluyó en una gran crisis política.

La experiencia de Grecia nos puede dejar una buena moraleja, y esta recae en que no siempre es tarde para hacer bien las cosas. En este sentido, México está consciente de la situación y de las variables macroeconómicas y microeconómicas que impiden el crecimiento, la carga que representará la clase trabajadora nacida entre 1980 y el 2000, y las repercusiones en el sistema financiero si este llegase a fallar.

Si bien no todo es miel entre hojuelas, es importante realizar una mayor inspección por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hacia las AFORES y de la ética que tienen sus operadores así como intermediarios como profesionales que brindan la seguridad al ahorrador que pone la confianza en ellos. Ahora bien, no todo es responsabilidad del gobierno, sino que también como mexicanos debemos tener esa responsabilidad de informarnos sobre el destino de nuestro capital, incrementando nuestra educación financiera y tomando decisiones que representen una ganancia con el tiempo y no un dolor de cabeza en nuestra vejez.

Omar Marín Oropeza

Internacionalista y economista. O-Marx me dicen. Crítico de Hayek y pupilo de Keynes. Apasionado de la lectura, preguntón por naturaleza y tímido por defecto. Orgullosamente UNAM e IPN.

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