Uno de los encuentros más fuertes, previos a la toma de protesta como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos del Licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha sido con el Poder Judicial de la Federación, ya que el presidente electo ha dicho que les bajará el sueldo.

Por supuesto, hubo reacción ya de los Magistrados y estos han hecho pública su negativa a tal imposición, señalando que no lo harán, la pregunta es saber el por qué, más allá de defender sus privilegios y posición.

¿QUÉ ES EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN?

Es un concepto que va desde los tiempos del Barón de Montesquieu, que señaló en su obra “El espíritu de las Leyes” cuales deberían ser la actividades del Estado como tal, dividiendo estas en Ejecutivas, Legislativas y Judiciales, algo que se encuentra plasmado en nuestra actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 49 que nos dice:

Título Tercero

Capítulo I
De la División de Poderes

Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

Esto significa, que el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, están en el mismo rango de importancia dentro de la Constitución, ninguno está por encima del otro.

El Poder Judicial de la Federación, a través de su Ley Orgánica, señala quienes lo conforman, y son:

CAPITULO UNICO

De los órganos del poder judicial de la federación

Artículo 1 El Poder Judicial de la Federación se ejerce por:

I.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación;

II.- El tribunal electoral;

III.- Los tribunales colegiados de circuito;

IV.- Los tribunales unitarios de circuito;

V.- Los juzgados de distrito;

VI.- El Consejo de la Judicatura Federal;

VII.- El jurado federal de ciudadanos, y

VIII.- Los tribunales de los Estados y del Distrito Federal en los casos previstos por el artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los demás en que, por disposición de la ley deban actuar en auxilio de la Justicia Federal.

¿QUIÉN SEÑALA LO QUE DEBE GANAR UN MAGISTRADO?

Una vez aclarado lo que es el Poder Judicial de la Federación, entendiendo que sus miembros son servidores públicos y que se rigen por una ley, en este caso, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, ésta señala en su artículo 32 en el último párrafo:

“En los Poderes de la Unión, los tabuladores salariales serán determinados por sus respectivos órganos competentes, de conformidad con su régimen interno y se integrarán a sus respectivos presupuestos anuales de egresos.”

Lo cual indica, que es el propio Poder Judicial de la Federación, a través de sus órganos correspondientes, los que indicarán los sueldos de sus integrantes, lo que además, está regulado en la mencionada Ley Orgánica del Poder Judicial, que a la letra dice en su artículo 11:

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros, y tendrá las siguientes atribuciones:

XVI. Aprobar el proyecto del presupuesto anual de egresos de la Suprema Corte de Justicia que le someta su presidente, atendiendo a las previsiones del ingreso y del gasto público federal;

Una vez aprobado, dicho presupuesto anual es turnado de nueva cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y éste, lo enviará al Presidente de la República Mexicana para su aprobación en el presupuesto de egresos correspondiente a cada año.

EL CONFLICTO.

El hecho de imponer una baja en el sueldo de los representantes del Poder Judicial de la Federación, será un choque muy fuerte con serias afectaciones al país, pues por la importancia de sus funciones, por ser parte de los Poderes de la Unión, esto traería un conflicto inicialmente político y después judicial de hecho en perjuicio de los ciudadanos, pues si el presupuesto no es autorizado por el Presidente de la República, a través de la Secretaría de Hacienda, el Poder Judicial dejará de cumplir con algunas funciones bajo el pretexto de: “no hay presupuesto”.

Y quizás muchos no entiendan lo complicado que esto puede ser, pues por falta de presupuesto, los órganos judiciales dilatarán más sus resoluciones, sus acciones, sus labores, alegando que no hay personal suficiente, que no hay insumos, que no hay inmobiliario adecuado para la sana imposición de la ley, que de por sí, ya es por demás lastimosa de acuerdo a lo que vemos diariamente en cada juzgado de nuestro país, sea local o federal, en algunos aún usan máquinas de escribir, en otros, el personal no está capacitado para utilizar equipo de cómputo, redes y otras herramientas que hacen que impartir justicia se vuelva una verdadera odisea, siempre en perjuicio de aquel a quien se le han violentado sus derechos.

Por supuesto que no defiendo la serie de privilegios que tiene el Poder Judicial de la Federación, aunque debo reconocer la importancia de su labor en un país que está exigiendo se haga justicia, pero si de inicio hay un conflicto con los encargados de imponer la ley, los únicos afectados seremos los ciudadanos, ciudadanos que de por si ya no confían en las instituciones encargadas de impartir justicia, ahora, que éstas declaren que no tiene presupuesto y que por ello no pueden realizar sus funciones plenamente, se promoverá que haya un alto índice de CORRUPCIÓN; bajar el sueldo de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, no combatirá dicho mal, por el contrario, lo va a incentivar.

Veamos en qué acaba éste, que insisto, pinta para ser el primer gran conflicto de un gobierno de cambio.